HECHOS OBJETIVOS:
El Tribunal Supremo (TS) decide en una sentencia de su sala tercera de 16 de octubre que, modificando la jurisprudencia anterior, el impuesto de actos jurídicos documentados ha de ser pagado por las entidades bancarias y no por los clientes (1). Los bancos responden dejando de conceder de forma inmediata hipotecas y eliminando la información sobre ellas de sus páginas web. Ante la alarma social generada, al día siguiente, el presidente de la sala tercera del Tribunal Supremo, Luis María Díez-Picazo Giménez, suspende todos los efectos de la sentencia y convoca un pleno urgente de su sala para decidir si se cambia o no la jurisprudencia (2).
Tras esta suspensión, la incertidumbre jurídica está garantizada. Algunos analistas interpretan la medida como un paso hacia la rectificación, tras unas supuestas presiones de los bancos al presidente del TS, Carlos Lesmes Serrano. En todo caso, se pone en duda la estabilidad de las entidades financieras y de un mercado tan importante como el inmobiliario. Además, algunos ciudadanos y consumidores anuncian protestas y diferentes políticos (de muy distinto signo, desde el PP a UP) insinúan que la rectificación puede causar un gran perjuicio a la credibilidad del sistema judicial, ya puesta en duda tras una serie de juicios mediáticos, como el del caso Nóos, el caso Gürtel o el inminente juicio por el procés catalán.
A todo esto se suman los rumores internos del mundo judicial. Se especula con que el presidente del TS quería presidir el pleno de la sala tercera (opción no contemplada por la ley) y que su intento ha fracasado. Ciertos periodistas (como Ángela Martialay, de El Independiente, en declaraciones en Al Rojo Vivo, de la cadena de televisión laSexta (3)) aseguran que de haberse presentado en la sala tercera, más de la mitad de sus miembros se hubieran levantado de la sala. La situación, crítica, hace que las costuras del TS y el mundo judicial se fuercen, y aparezcan viejas rencillas.
Tras esta suspensión, la incertidumbre jurídica está garantizada. Algunos analistas interpretan la medida como un paso hacia la rectificación, tras unas supuestas presiones de los bancos al presidente del TS, Carlos Lesmes Serrano. En todo caso, se pone en duda la estabilidad de las entidades financieras y de un mercado tan importante como el inmobiliario. Además, algunos ciudadanos y consumidores anuncian protestas y diferentes políticos (de muy distinto signo, desde el PP a UP) insinúan que la rectificación puede causar un gran perjuicio a la credibilidad del sistema judicial, ya puesta en duda tras una serie de juicios mediáticos, como el del caso Nóos, el caso Gürtel o el inminente juicio por el procés catalán.
A todo esto se suman los rumores internos del mundo judicial. Se especula con que el presidente del TS quería presidir el pleno de la sala tercera (opción no contemplada por la ley) y que su intento ha fracasado. Ciertos periodistas (como Ángela Martialay, de El Independiente, en declaraciones en Al Rojo Vivo, de la cadena de televisión laSexta (3)) aseguran que de haberse presentado en la sala tercera, más de la mitad de sus miembros se hubieran levantado de la sala. La situación, crítica, hace que las costuras del TS y el mundo judicial se fuercen, y aparezcan viejas rencillas.
CÓMO SE REFLEJARON LOS HECHOS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN:
Tras estos hechos, cada medio de comunicación interpretó de forma radicalmente distinta la posible revisión del Tribunal Supremo.
Por ejemplo, en la radio liberal y de derechas esRadio, y más concretamente en el programa matinal esLa mañana de Federico, Federico Jiménez Losantos, junto con Marisol Hernández (El Mundo) y José Alejandro Vara (Voxpópuli) analizaban de la siguiente manera los hechos (desde 2:45 hasta 8.58):
Como se observa, centraron sus críticas en los jueces, y, sobre todo, en el Estado, pues desde su perspectiva, este impuesto no beneficia a la banca, sino a las comunidades autónomas (quienes lo cobran). Para Federico Jiménez Losantos, tanto los impuestos como las autonomías son un peligro para los españoles, por lo que él aboga por suprimir el impuesto. En ningún caso criticaron a los banqueros, pues consideran que los bancos son propiedad de la gente y son necesarios para nuestra economía. Además, no llegaron a poner encima de la mesa las posibles presiones que los bancos habrían podido hacer al TS y que sí se trataron en otros medios.
En laSexta, televisión progresista y de izquierdas, y más concretamente en Más Vale Tarde, entrevistaron, entre otros, al economista Gonzalo Bernardos, que aseguró que "la banca siempre gana", que "queda muy claro (...) que hay un poder fáctico en España, el más importante de todos, por encima del presidente del Gobierno, por encima de los jueces, por encima de cualquier otro, son los banqueros" y se preguntó "cómo se puede, de un día para otro, pasar los ciudadanos de la esperanza a la decepción". Zanjó su alegato diciendo que "es inexplicable y muy decepcionante" (4).
Como se observa en el programa, la línea argumental de laSexta es totalmente contradictoria a la de esRadio, siendo mucho más duros con la banca y saliendo, en teoría, en defensa del consumidor. Muchos de sus analistas, entre ellos Bernardos, dieron por sentado que la banca había presionado a la justicia. En esRadio las tesis defendidas fueron opuestas, centrando la responsabilidad en el sistema y en las autonomías.
Si pasamos a la prensa escrita, resulta de interés un artículo de opinión firmado por Antoni Zabalza en el periódico progresista El País (5) en el que ofrece un riguroso análisis económico de las consecuencias de la sentencia. En él se aclara que el prestamista o el prestatario pueden pagar el impuesto, pero que esto no afecta a la economía, pues cuando paga el prestatario (como hasta ahora) el prestamista obtiene menor beneficio de la transacción, pues el prestatario tiene en cuenta el impuesto y hay menor demanda de hipotecas.
Sostiene Zabalza en su artículo de opinión que la transacción se basa en el mutuo acuerdo y el equilibrio, y que, de cambiar ahora la norma, si el prestamista es quien tiene que abonar el impuesto, los efectos en la economía serán neutros, pues la oferta de hipoteca se adecuará a los nuevos gastos y la cuantía se repartirá entre prestatario y prestamista. Lo que el articulista critica es la retroactividad: si los bancos tienen que pagar los impuestos de hipotecas ya firmadas, el equilibrio se rompe. Los bancos tendrán que hacer un esfuerzo mayor para que el prestatario pasado se vea beneficiado. Eso sí, el prestatario futuro se verá claramente perjudicado, pues el precio de las hipotecas se incrementará lo suficiente para que el banco pueda cubrir sus nuevos gastos.
Como se observa en el programa, la línea argumental de laSexta es totalmente contradictoria a la de esRadio, siendo mucho más duros con la banca y saliendo, en teoría, en defensa del consumidor. Muchos de sus analistas, entre ellos Bernardos, dieron por sentado que la banca había presionado a la justicia. En esRadio las tesis defendidas fueron opuestas, centrando la responsabilidad en el sistema y en las autonomías.
Si pasamos a la prensa escrita, resulta de interés un artículo de opinión firmado por Antoni Zabalza en el periódico progresista El País (5) en el que ofrece un riguroso análisis económico de las consecuencias de la sentencia. En él se aclara que el prestamista o el prestatario pueden pagar el impuesto, pero que esto no afecta a la economía, pues cuando paga el prestatario (como hasta ahora) el prestamista obtiene menor beneficio de la transacción, pues el prestatario tiene en cuenta el impuesto y hay menor demanda de hipotecas.
Sostiene Zabalza en su artículo de opinión que la transacción se basa en el mutuo acuerdo y el equilibrio, y que, de cambiar ahora la norma, si el prestamista es quien tiene que abonar el impuesto, los efectos en la economía serán neutros, pues la oferta de hipoteca se adecuará a los nuevos gastos y la cuantía se repartirá entre prestatario y prestamista. Lo que el articulista critica es la retroactividad: si los bancos tienen que pagar los impuestos de hipotecas ya firmadas, el equilibrio se rompe. Los bancos tendrán que hacer un esfuerzo mayor para que el prestatario pasado se vea beneficiado. Eso sí, el prestatario futuro se verá claramente perjudicado, pues el precio de las hipotecas se incrementará lo suficiente para que el banco pueda cubrir sus nuevos gastos.
MI OPINIÓN PERSONAL:
Mi opinión personal se basa en considerar que estamos ante un problema de naturaleza jurídica. En principio, deberían ser jueces expertos en el tema quienes dictaminaran qué hacer con el impuesto sobre el que ha versado toda esta polémica. En cambio, la polémica no nace de ahí, sino de la suspensión de la sentencia original.
En este asunto se mezclan los líos internos del poder judicial (nombramientos, enemistades, filiaciones políticas, etc.) con la presión y el poder de la banca y la indignación social causada. Si de mi dependiera, puede que los bancos fueran quienes pagaran el impuesto, pero no sé si por el argumento de que son ellos quienes se ven beneficiados del acto documental o por mis prejuicios hacia estas empresas. Al fin y al cabo, Federico Jiménez Losantos tiene parcialmente la razón, y los bancos son propiedad de los accionistas, entre ellos la gente, y no son demonios trajeados. Son instituciones necesarias en nuestro sistema económico a las que hay que intentar dar, como a todo, una cierta estabilidad desde los poderes del estado.
Sin embargo, coincido con Gonzalo Bernardos en la indignación hacia nuestro sistema judicial. Aunque no haya pruebas concluyentes, parece verosímil que la presión de la banca hizo que el TS rectificara. En este contexto puedo pensar como él y decir que la banca siempre gana. Pero, como todo, la virtud se encuentra en el punto medio. Considero que el artículo de opinión de Antoni Zabalza es riguroso, claro y objetivo. Puede que tengan que pagar prestatarios o prestamistas, pero, si no hay retroactividad, los efectos para la economía serán neutros. Si hay retroactividad, como plantea la sentencia, la inestabilidad económica y legal estará servida.
Desconozco qué decisión tomará el pleno de la sala tercera del TS (parece que ni sus propios miembros lo saben) aunque creo que, sea cual sea el dictamen, el caso llegará a los tribunales europeos. De lo que sí estoy seguro, porque lo percibo en mi entorno y es obvio, es que el TS se ha equivocado. Ha desestabilizado a la economía y a la sociedad, haciendo que nuestro sistema judicial pierda credibilidad. En un momento en el que TS debía aparentar, como nunca, imparcialidad y eficacia (por la cercanía del juicio del procés, que puede alterar la política española durante décadas), se ha hecho todo lo contrario.
BIBLIOGRAFÍA:
1-Web oficial del Consejo General del Poder Judicial: http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-establece-que-es-el-banco-y-no-el-cliente-quien-debe-pagar-el-impuesto-de-las-hipotecas
2-Web oficial del Consejo General del Poder Judicial: http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-Pleno-de-la-Sala-Tercera-del-Tribunal-Supremo-decidira-si-confirma-el-giro-jurisprudencial-de-la-sentencia-sobre-el-impuesto-de-las-hipotecas
3-Intervención de la periodista Ángela Martialay en Al Rojo Vivo (laSexta, 31/10/2018): https://www.lasexta.com/programas/al-rojo-vivo/entrevistas/angela-martialay-creo-que-el-presidente-del-supremo-recibio-una-llamada-de-la-banca-por-las-hipotecas_201810315bd9a1c40cf22a784ab5ec61.html
4-Intervención del economista Gonzalo Bernardos en Más Vale Tarde (laSexta, 19/10/2018): https://www.lasexta.com/programas/mas-vale-tarde/entrevistas/gonzalo-bernardos-sobre-la-decision-del-supremo-por-encima-de-los-jueces-y-del-presidente-del-gobierno-estan-los-banqueros_201810195bca1d930cf2f746fb86a6d6.html
5-Artículo de opinión de Antoni Zabalza en El País (31/10/2018): https://elpais.com/elpais/2018/10/30/opinion/1540917017_296173.html
--En caso de error, el vídeo de la tertulia de esLa mañana de Federico (esRadio, 23/10/2018): https://youtu.be/oZgbvnjmNsc
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