LIBERALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN DE LA AP-7.
Desde el 1 de enero ya se podrá viajar desde Tarragona a Alicante sin tener que pagar ni un euro en peaje por primera vez desde la inauguración de esta en diciembre de 1971 y por lo tanto, se pone fin a 48 años de peaje.
"El peaje, es decir, el pago por utilizar la autopista es una práctica común en todo el mundo. Se trata de que sea precisamente el usuario quien pague por el servicio que recibe, y no el resto de la comunidad”.
La autopista de peaje AP7, la autopista del Mediterráneo, que vertebra la costa de norte a sur será pues una vía gratuita de 337 kilómetros que van desde L'Hospitalet de l'Infant (Tarragona) a Alicante, una eterna exigencia que se ha convertido en realidad. Pues son muchos los movimientos vecinales que llevan reclamando la eliminación de ese canon desde 1989, acompañados en muchos de los casos por los gobiernos municipales como los de Benissa, Oliva y Calpe y con eco en la última década en las redes sociales.
El 23 de julio de 1971 y el 21 de diciembre de 1972 la sociedad Aumar (Autopistas del Mare Nostrum) logró la concesión de los tramos Salou (Tarragona)-Valencia y Valencia-Alicante por un plazo de 27 años, hasta 1998.
Esa concesión a Aumar, que sufragó el coste de 2.300 millones de euros de la construcción, se fue prorrogando con los sucesivos gobiernos democráticos de distinto signo. La prórroga ha llegado hasta el día 31 de diciembre de 2019.
La autopista de peaje que recorre de norte a sur la Comunidad Valenciana, la AP7, aún no se ha recuperado del bajón de tráfico que experimentó cuando estalló la crisis económica en el año 2007. (un 26% menos). La diferencia fundamental del sur respecto al norte es que este tramo de peaje se ha recuperado mucho más rápido a partir de 2015, con un crecimiento medio anual de más de 6 puntos. Estas estadísticas demuestran que el incremento de tráfico de la AP7 ha sido un fenómeno reciente, y que aún está muy lejos de volver a los niveles de hace unos años. La situación actual es comparable a la del año 1999, en la que circulaban más de 18.000 vehículos diarios en el sur y 19.000 en el norte. En cuanto a vehículos pesados, en el norte, supone casi una cuarta parte del tráfico total (4.447 vehículos diarios de 20.191), mientras que en el sur apenas supone un 6% del total (1.171 de 19.311).
La liberalización es un alivio para los bolsillos particulares y para los transportistas, que huían de esta vía hasta el último tramo en Castellón por el alto coste. Para ellos, 14 céntimos el kilómetro. La Federación Valenciana de Empresarios del Transporte (FVET) cifra el ahorro entre 2.000 y 2.500 euros por vehículo al año. La liberalización de la AP-7 desde el próximo 1 de enero supondrá un ahorro total para los conductores de trescientos millones de euros, según los cálculos del ministro de Fomento, José Luis Ábalos.
La liberalización también supondrá un mayor uso de la autopista por parte de los transportistas que cubren rutas de proximidad que no utilizaban la vía por "el peaje disuasorio", además descongestionará otras carreteras como la N-340, que debería aliviarse de tráfico pesado
Sin embargo, la gratuidad tiene su lado oscuro. De hecho, no todos los colectivos afectados eran partidarios de la desaparición del peaje, sino que optaban por otras opciones como el 'peaje blando o nulo' para los residentes pero que se mantuviera para el resto de vehículos, una forma de contener el incremento del tráfico y también de sufragar las necesidades de mantenimiento, que ahora tendrá que asumir Fomento y que ya ha comenzado a licitar en algunos tramos. Este destinará 26 millones de euros anuales, para tener a punto los 337 kilómetros,pero los empresarios estiman que el gasto podría ser muy superior en función del tráfico. De hecho, un informe de Ineca estima que el número de vehículos en la autopista crecerá un 87% en los próximos años.
En el caso de AUMAR, concesionaria del grupo Abertis, trabajaban 245 empleados. A través de un ERE, han sido despedidos 136 trabajadores (tanto en la AP7 como en la AP4) que desempeñaban tareas de control de peaje, función que desaparece. El resto de los empleados se subrogarán.
Respecto a los perjuicios, muchos municipios ya han advertido que, al pasar la gestión de la AP7 a manos públicos, se van a perder millones de euros en concepto de IBI, impuesto de bienes inmuebles. Solo la provincia de Castellón va a dejar de ingresar 2’5 millones. En otros casos advierten de una posible saturación en algunos tramos donde no existía, hasta la liberalización del peaje, una alternativa viaria.
La Cámara de Comercio de Alicante y la patronal del turismo de la Costa Blanca (Hosbec) son los principales detractores de la gratuidad. Los empresarios incluso encargaron al Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (Ineca) un estudio en el que se analizaban las opciones más recomendables para el futuro de la autopista y llegaba a la conclusión de que la liberalización era la peor de ellas.
Reduciría la fluidez de la vía, que pasaría según el estudio de unos 18.000 vehículos diarios de media (cifra que el Ministerio cifra en 27.000) a unos 39.000. Los costes, externos y de mantenimiento, se dispararían y ya no podrían ser compensados porque no se ingresaría nada a través del cobro del peaje.
Tanto la Cámara de Comercio de Alicante como el lobby Ineca, han defendido la postura de los empresarios turísticos de que se imponga un «peaje blando» para garantizar el mantenimiento de las carreteras y evitar «el colapso» de la autopista, algo que desde el Gobierno ya han reconocido estar barajando.
El sector del turismo en la Costa Blanca también se ha mostrado contrario a la circulación gratuita por la AP7. colapsaría la carretera para los turistas que llegan al aeropuerto.
Una opinión muy diferente tiene el gremio de transportistas, los cuales lanzaron un informe alternativo consistente en la creación de «bonos para residentes» que permitan la circulación por la vía y eviten su saturación.
Desde el Ministerio de Fomento que dirige José Luis Ábalos, no consideran que este modelo sea el definitivo ni mucho menos. Por ello el pasado mes de agosto se licitaron dos estudios sobre la «distribución de demanda de tráfico tras supresión de peaje en Autopista AP7», uno para el tramo Tarragona-Valencia y otro para el de Valencia-Alicante, para «determinar las mejores soluciones
Con la liberalización convertida en una realidad, los estudios y las previsiones pasarán a ser evaluados con datos de tránsito que acabe por demostrar si la gratuidad es una opción que se puede mantener o, por contra, la inversión pública necesaria para mantenerla obliga a volver a otras fórmulas.
Esta noticia hace referencia a la intervención del sector público frente al suministro de bienes. Ahora la AP-7 es un bien público de producción propia pero en mi opinión esta decisión tendría que haberse meditado más pues según las declaraciones no parece que se hayan estudiado a fondo las consecuencias y lo más importante en este caso es la eficiencia de la autopista. También deberían tener en cuenta la pérdida en recaudación y quizás barajar una de las opciones propuestas por las diferentes entidades afectadas. Sin embargo, desde el punto de vista de los residentes y algunas empresas, veo que esto es positivo ya que les supondrá un gran ahorro.
FUENTES
https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2020/01/11/5e18a787fdddff36458b46b0.html
https://cadenaser.com/emisora/2019/12/30/radio_valencia/1577713378_091223.html
https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-liberalizacion-ap-7-ahorrara-300-millones-euros-usuarios-peajes-201912251023_noticia.html
https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/alicante/2019/12/26/5dfb5f2021efa0a0478b45ce.html
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