NOTICIA:
El pasado 4 de marzo de 2019, el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, firmó el Real Decreto de disolución de las Cortes Generales y de convocatoria de elecciones generales para el próximo 28 de abril, publicándose en el Boletín Oficial del Estado (BOE) las instrucciones básicas del proceso electoral, milimétricamente regulado por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), de aplicación en las elecciones generales, locales y europeas, así como de forma supletoris en las diferentes autonómicas.
Las nuevas Cortes se constituirán el 21 de mayo de 2019 a las 10:00. En ambas sesiones se elegirán las nuevas mesas de las dos Cámaras (Congreso de los Diputados y Senado), presididas actualmente por los populares Ana Pastor Julián (Pontevedra) y Pío García Escudero (Madrid) respectivamente. Las elecciones serán, como ya se indicado, el 28 de abril (domingo) y se celebrarán a la vez que las elecciones a las Cortes Valencianas, convocadas de forma anticipada por el presidente valenciano, Ximo Puig Ferrer (PSPV-PSOE), con el fin de colocar la "agenda valenciana" en el debate nacional, aunque esta excusa no la comparten sus socios de gobierno (COMPROMÍS), quienes consideran que la coincidencia ha sido provocada para aprovechar el "tirón" electoral del PSOE a nivel nacional, perjudicando a sus socios y al PP y beneficiando al propio PSPV, VOX y PODEMOS.
El próximo 26 de mayo está prevista la celebración de las elecciones europeas, fijadas cada cinco años a nivel supranacional. La LOREG establece que si las elecciones municipales están separadas por cuatro meses o menos de los comicios europeos se han de convocar en la misma fecha, lo que sucede este año. Por tanto, todos los españoles estarán llamados a dos urnas el 26 de mayo, como mínimo. Ese mismo día se elegirán tambien otras entidades locales (Juntas Generales del País Vasco, Consejo General del Valle de Arán, Concejos de Navarra, Cabildos de Canarias, Consejos Insulares de Baleares y otras entidades locales menores, como pedanías lo ho distritos) y diferentes parlamentos autonomicos. Las Cortes de Castilla y León, las Cortes de Castilla-La Mancha, las Cortes de Aragón, la Junta General del Principado de Asturias, la Asamblea Regional de Murcia, la Asamblea de Madrid, la Asamblea de Extremadura, la Asamblea de Ceuta, la Asamblea de Melilla, el Parlamento de Cantabria, el Parlamento de Canarias, el Parlamento de Baleares, el Parlamento de La Rioja y el Parlamento de Navarra serán renovados en su totalidad, lo que hará que en ciertos municipios haya hasta cinco urnas (en casos excepcionales).
Vista esta situación, la polémica estuvo servida. ¿Por qué Pedro Sánchez no convocó las elecciones generales el 26 de mayo formando así un "superdomingo" electoral? Hay tanto argumentos a favor como en contra que rechazan o apoyan su decisión. Para algunos, la convocatoria "inmediata" ha de ser verdaderamente urgente, y no esperar hasta mayo. Estos mismos alegan que no es bueno mezclar debates y que hay que intentar separar el enfangado debate nacional (con la cuestión catalana condicionándolo todo) de la evaluación ciudadana a sus gestores más cercanos, Ayuntamientos y Autonomías, así como del debate sobre el futuro de Europa abierto en toda la Unión.
Para otros, la convocatoria electoral en dos fechas separadas es claramente negativa. Alegan que eleva los costes y se preguntan si se considera que los ciudadanos no son lo suficiente inteligentes para distinguir un proceso electoral de otro. Algunos responden que sí habría un ahorro económico, pero que habría problemas logísticos de importante coste, como la necesidad urgente de millones de urnas o de espacio físico para albergar tantas en los colegios electorales.
Todos los argumentos suenan convincentes, pero se observa con claridad quiénes están detrás de cada uno. Los "barones" socialistas, así como sus grandes alcaldes, defendían la primera tesis, pues desean establecer un muro entre su campaña y Cataluña, ya que desean que se evalúe su gestión, que consideran "positiva". El resultado de las elecciones al Parlamento de Andalucía, con el auge de VOX y la derrota histórica de la izquierda, provocada por una importante abstención de su votante, les ha puesto en alerta y no quieren repetir los mismos fallos.
El Partido Popular se opuso en principio a esta división en dos fechas, pues consideraban que era bastante más cara que el "superdomingo". Hay que añadir que, como oposición en abierta precampaña, pocas opciones tenían además de criticar la decisión del Presidente. Otros partidos, como VOX y Cs, que han rentabilizado en términos electorales el problrma catalán, también deseaban una convocatoria conjunta, en la que poder plantear su proyecto de "defensa de la unión de la Nación Española".
Por tanto, como es imaginable, los medios se dividieron en función de sus lineas editorales. Si bien muchos tomaron posiciones más neutrales, otros se expresaron de forma clara. Además, los medios críticos hablaron de los "viernes sociales", renombrados por Pablo Casado Blanco en "viernes electorales" en los que el Gobierno ha ido aprobando decretos de carácter social, según ellos "urgentes" y según la oposición "electoralistas". Tanto es así que el Partido Popular recurrió ante la Junta Electoral Central (JEC) la comparecencia semanal posterior al Consejo de Ministros en la que la Ministra Portavoz del Gobierno, Isabel Celaá Diéguez, normalmente acompañada por dos ministros más, informa de los acuerdos adoptados. Pese a que el PP mantenía que se hacía un uso partidista de una institución del Estado, la JEC no le dio la razón, pues prima el derecho de la ciudadanía a conocer las decisiones del Gobierno y el de la prensa a poder informar y preguntar.
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| Isabel Celaá Diéguez comparece tras un Consejo de Ministros. |
EL DEBATE ECONÓMICO:
La LOREG establece un proceso electoral de 54 días de duración desde la firma del decreto de disolución y convocatoria de nuevas Cortes hasta la jornada electoral, aunque los preparativos normalmente se inician antes (este año no ha dado tiempo, de forma muy excepcional, a hacer un concurso público) y después de la jornada de votación queda un largo recorrido hasta la proclamación definitiva de los resultados.
España tiene un proceso extremadamente garantista que busca conseguir que todos los censados puedan ejercer su derecho a voto de forma libre, igual, directa y secreta, todo esto en un marco plenamente seguro y neutral (de ahí la polémica con la simbología independentista en los edificios públicos de Cataluña). Existe el voto por correo para las personas que ese día no estarán en casa, se contempla la participación de notarios en los casos de personas enfermas, las personas invidentes o con discapacidad visual pueden solicitar su voto braille, las misiones militares en el exterior tienen un procedimiento especial y los buques de bandera española pueden solicitar a las autoridades electorales el voto en alta mar y su entrega en cualquier ciudad de la costa. Todos estos procedimientos acaban con un sobre y una papeleta iguales al del resto de ciudadanos en la misma urna sin saber qué persona ha emitido ese voto, lo cual es un éxito para el sistema. Este sistema llega a pecar de garantista, con el voto rogado de los españoles que viven en el exterior, que ha provocado que solo puedan votar menos de un 5% del Censo de Electores Residentes Ausentes (CERA).
Hay muchos gastos que el Estado afronta en cada elección. Como no se puede presuponer quien va a ganar, se imprimen millones de papeletas de todas las candidaturas. Urnas, cabinas, el sistema electrónico, la seguridad en los colegios electorales, la apertura de los centros públicos en domingo, los miembros de las mesas electorales (que cobran una dieta de 65€), las campañas de promoción del voto y de los derechos que asisten al votante, el sistema de voto braille, los gastos de la Junta Electoral Central, las Juntas Electorales Provinciales y las de Zona, los gastos extra en Correos, el envío de la tarjetas censales (unificado para estas dos últimas elecciones), el sorteo de los miembros en los Ayuntamientos, los gastos de funcionamiento de la Oficina del Censo Electoral y muchos otros gastos son imprescindibles según la LOREG y no se pueden tocar a gusto del Gobierno.
En resumen, la celebración de unas elecciones generales cuesta 130 millones, 48 son destinados a Correos (voto por correo y propaganda electoral), 12,8 a escrutinio y difusión de datos, 12,5 a logística y 55 a otros gastos de las Administraciones públicas. El despliegue de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ascendió las pasadas elecciones a 134 millones de euros. A todos estos gastos se añaden unas cuantiosas subvenciones a los partidos políticos, que la última vez ascendió a 45 millones de euros. En la propia página del Ministerio del Interior se detallan las subvenciones:
- Subvención de 21.167,64 euros por cada escaño obtenido en el Congreso de los Diputados o en el Senado.
- Subvención de 0,81 euros por cada uno de los votos conseguidos por cada candidatura al Congreso, uno de cuyos miembros, al menos, hubiera obtenido escaño de Diputado.
- Subvención de 0,32 euros por cada uno de los votos conseguidos por cada candidato que hubiera obtenido escaño de Senador.
También se financia el envío de propaganda electoral, sobres y papeletas a las distintas candidaturas.
El coste de unas elecciones municipales y europeas es similar (incluso un poco mayor, pues son algo más complejas de organizar) que el de unas generales. Además, las autonómicas van a cuenta de los Gobiernos autonómicos, lo que hace que haya 17 datos diferentes sobre su coste. Pero... ¿es nuestro sistema, muy garantista como ya se ha explicado, caro? Según eldiario.es no, pues en muchos otros países el coste per cápita es mucho más alto, como se observa en estas dos tablas:
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| Costes de la organización electoral. |
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| Costes de la campaña electoral. |
Como se ve, la organización de nuestras elecciones es relativamente más cara, pues hay que recordar que nuestro sistema de funcionamiento es especialmente bueno. Los ciudadanos no tienen que ir de propio a inscribirse para poder votar con un margen de tiempo determinado, ni las elecciones se celebran en hogares o con colegios electorales para grandes extensiones de territorio, como ocurre en Estados Unidos. Pero hay que reconocer que nuestras campañas son mucho más baratas, lo cual hace que el gasto total sea mucho menor.
CONCLUSIÓN PERSONAL:
Pese a que hay importantes críticas sobre lo que cuestan a los contribuyentes unas elecciones, creo que hay que ser moderado en las valoraciones negativas, por los siguientes factores:
1. Una democracia siempre es cara. Pero personalmente prefiero mantener ciertas corporaciones de miembros elegidos por la ciudadanía que un dictador o una oligarquía.
2. Nuestro sistema electoral es especialmente bueno. Millones de electores participan en un proceso muy regulado que da muy poco margen a "pucherazos" o trampas. Es caro, sí, pero yo lo prefiero a votar sin garantías de que todo va a ir bien. Hay, en mi opinión, cosas con las que no se puede ser tacaño.
3. Las subvenciones a los partidos políticos son cuantiosas, pero, hay que tener en cuenta que todo el dinero que no les aporte el Estado lo pondrán los bancos. Y ahí entramos en importantes conflictos de intereses, pues quien tiene el dinero tiene el poder. En Estados Unidos está claro que un candidato apoya a tal o cual propuesta en función del lobby económico que lo financia. Yo no quiero que eso pase en España, por lo que, por muy impopular que suene, llegaría a incrementar las subvenciones a las formaciones políticas para que puedan trabajar con independencia. Además, se evitarían tentaciones de sistemas de financiación de los partidos en B, muy propios del pasado (tanto en el PP, como en el PSOE, como CiU, entre otros).
Por ello, hay que ser conscientes de que las elecciones son un gasto esencial. No son un capricho, sino algo que tiene que estar totalmente blindado, también de vaivenes e intereses políticos.
Con respecto a la decisión del Presidente de separar las elecciones, en mi opinión es una decisión acertada. Además de todos los problemas logísticos que supondría un "superdomingo" electoral, está estudiado sociológicamente que el votante medio tiende a darle mucha importancia a una elección y a votar por inercia lo mismo en el resto. También hay que tener en cuenta que esto es parte del ciclo electoral 2018-2020, iniciado en Andalucía. De caer todo en la misma fecha, los habitantes de 14 autonomías no podrían volver a votar hasta 2023. Que los ciudadanos puedan hacer una "evaluación continua" es mucho mejor que jugárselo todo a una carta un día concreto. Hay que tener en cuenta que tras estas dos elecciones, solo quedarán las elecciones al Parlamento Vasco y al Parlamento de Galicia por un lado y al Parlamento de Cataluña por otro.
BIBLIOGRAFÍA:
SOBRE SUBVENCIONES A PARTIDOS POLÍTICOS:
