Los expertos urgen al Estado a cortar el grifo de liquidez a las comunidades

La mejora de las cuentas públicas y la mejor percepción por parte de los inversores debería abrir las puertas para que las regiones se financien en el mercado

La propuesta lanzada esta semana por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sobre reestructurar una parte de la deuda autonómica ha reabierto el debate sobre qué hacer con el grifo de liquidez que el Estado ofrece a las comunidades desde 2012. Dos de cada tres euros de la deuda regional son con el Gobierno central. Desde que Rajoy desembarcó en La Moncloa, hace seis años, el Tesoro ha inyectado más de 231.000 millones de euros a las autonomías a través de diferentes mecanismos como el plan de pago a proveedores o el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). 

Hace seis años, la mayoría de las comunidades estaban en serios apuros financieros. En lo peor de la crisis, al inicio de 2012, los mercados les cerraron las puertas. Los bancos no les daban crédito y las facturas se acumulaban en los cajones sin dinero para pagarlas. Eran los tiempos en que España hacía equilibrismo para evitar el abismo del rescate.

El Gobierno ideó entonces un plan para inyectarles dinero. Creó el plan de pago a proveedores, unas líneas extraordinarias de crédito con condiciones ventajosas para que las comunidades y Ayuntamientos pudieran liquidar sus deudas pendientes. Esta inyección salvó a más de una administración de caer en bancarrota.

 Meses más tarde volvieron a acumularse facturas sin pagar. Las comunidades gastaban más de lo que ingresaban —el déficit público estaba desbocado— y necesitaban financiación extraordinaria para abonar sus obligaciones.

El Ejecutivo ideó unos créditos similares a los anteriores pero los denominó Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Estos fondos nacieron estigmatizados porque las primeras autonomías que los solicitaron fueron acusadas de pedir el rescate al Estado central. En los años siguientes todas las comunidades recurrieron a ellos y sus sucedáneos como el de Facilidad Financiera, para las autonomías más saneadas.

Mecanismos

Estos mecanismos llamados extraordinarios, que iban a ser temporales, llevan seis años e inician el séptimo de vigencia. En este periodo, las comunidades han recibido algo más de 231.000 millones de euros.Estos créditos tienen unos intereses muy bajos, lo que ha permitido a las comunidades ahorrarse hasta 15.000 millones, según calcula Ángel de la Fuente, experto en financiación.La Comisión Europea, el Banco de España, el BCE, la OCDE y el FMI, que al principio vieron con buenos ojos esta solución, se muestran desde hace tiempo inquietos por la extensión de estos mecanismos.Algunas comunidades ya han roto el cordón umbilical con el Estado para suministrarle liquidez. Entre ellas destaca Madrid, que desde el principio se mostró incómoda y reclamó su derecho a salir a los mercados. A otras, sin embargo, les entran temblores cuando escuchan a Montoro decir que hay que ir poniendo fin a estos mecanismos. Es el caso de las más endeudadas, como la Comunidad Valenciana, Cataluña, Murcia o Castilla-La Mancha. Son las que han reclamado una quita de la deuda.

CONCLUSIÓN:

las quitas suponen un problema de riesgo moral porque lanzan un incentivo negativo,las comunidades pueden gestionar mal porque el Estado al final asumirá las consecuencias.